VENEZUELA: SE CONCRETA EL DIÁLOGO ENTRE SINDICATOS, EMPRESARIOS Y GOBIERNO PARA IMPULSAR AUMENTO SALARIAL, CON PROYECTOS QUE OSCILAN ENTRE 350 Y 400 DÓLARES, ADELANTAN MESAS DE NEGOCIACIÓN EL 10 DE MARZO DE 2026
Maracaibo, 10 de marzo de 2026.
MUNDIAL ZULIA RADIO INTERNACIONAL
En el marco de las mesas de trabajo instaladas en el Ministerio del Trabajo, representantes del sector privado, sindicatos y el Gobierno Nacional avanzan en las propuestas para un aumento salarial que busca blindar el poder adquisitivo del trabajador venezolano en medio de la situación económica del país. La periodista especializada en economía, Ginette González, informó que la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) ha presentado una proyección para el salario mínimo que oscila entre 350 y 400 dólares, con una disposición a aceptar un piso mínimo de 300 dólares, siempre que el incremento sea escalonado y pactado mediante acuerdos claros.
Por otra parte, se confirmó que las comisiones técnicas ya están en funcionamiento y que desde el Ministerio del Trabajo se espera una respuesta definitiva del sector oficial para definir la metodología de ajuste y la estructura del incremento, que busca un equilibrio entre la sostenibilidad de las empresas y la protección del ingreso de los trabajadores.
En el aspecto de prestaciones sociales y bonos, el sector privado mantiene una postura cautelosa, evaluando dos escenarios principales: la salarización total de las prestaciones y bonos o la implementación de un sistema mixto en el que solo algunas bonificaciones se incorporen al salario base. El objetivo general es encontrar una fórmula que beneficie tanto a empleados como a empleadores, evitando impactos económicos negativos en las empresas y en la estabilidad laboral.
Finalmente, el Ejecutivo también desarrolla esfuerzos internos, como la depuración de nóminas y una consulta en la plataforma Patria, donde los ciudadanos pueden actualizar su situación laboral y definir si reciben sus ingresos en bolívares o en divisas. Esto forma parte de una estrategia más amplia para ajustar la estructura del sector público y mejorar la gestión del gasto estatal.
