COLOMBIA: NIÑAS DEL CHOCÓ BAJO CONTROL DEL ELN Y GRUPOS ILEGALES; DEFENSORÍA DOCUMENTA ABUSOS Y EXPLOTACIÓN
Maracaibo, 21 de marzo de 2026.
MUNDIAL ZULIA RADIO INTERNACIONAL
El departamento del Chocó enfrenta una profunda crisis humanitaria, con niñas y adolescentes siendo arrancadas de sus hogares para ser explotadas o vendidas, según un reportaje de Semana que cuenta con testimonios de fuentes militares y organismos de derechos humanos. Los grupos ilegales como el ELN y el Clan del Golfo ejercen un control absoluto sobre el territorio, aprovechando la pobreza extrema y la falta de presencia estatal para operar redes de trata y abuso.
Los delincuentes cobran entre 1 y 5 millones de pesos colombianos por la virginidad de menores, movilizando a las víctimas por carreteras que conectan Quibdó con Medellín y Pereira, donde no existe control policial efectivo. Puntos críticos se identificaron en Pueblo Rico, Guarato y Yuto, donde los criminales interceptan a familias de escasos recursos para captar a las niñas, utilizando amenazas directas o manipulación económica al ofrecer bienes o dinero a padres sumidos en la miseria.
La Defensoría del Pueblo documentó que el control de los grupos armados llega hasta la intimidad de las víctimas: se detectaron casos de niñas de entre 10 y 12 años con infecciones de transmisión sexual, y personal médico o parteras que intentan ayudar son amenazados de muerte. Los grupos ilegales prohiben incluso la realización de pruebas de salud, castigando con la vida a quienes intentan buscar asistencia.
En el Bajo Baudó, la situación se agrava por paros armados impuestos por el ELN, que han dejado a más de 6.000 personas de comunidades afrodescendientes e indígenas atrapadas, sin permiso para pescar, cazar o trabajar sus cultivos. Recientemente se reportó la muerte de una niña por un cuadro viral que no pudo ser tratado debido al bloqueo de movilidad impuesto por los guerrilleros, quien también impiden el acceso a medicinas y atención médica urgente.
La pobreza en Quibdó alcanza al 59,6% de los habitantes, lo que crea un entorno propicio para que las familias sean forzadas a entregar a sus hijas o guardar silencio por miedo a represalias. Muchas de las menores terminan en grandes ciudades siendo explotadas o permanecen en "condominios" bajo vigilancia armada, tratadas como propiedad de los cabecillas criminales.
Las autoridades han reconocido la gravedad del problema, aunque las operaciones para desarticular estas redes se ven obstaculizadas por el control territorial de los grupos ilegales y la falta de recursos para intervenir en zonas rurales del Chocó.
