ESTADOS UNIDOS: TRIBUNAL FEDERAL TUMBA PROHIBICIÓN DE ASILO EN FRONTERA SUR IMPUESTA POR DONALD TRUMP; FALLO ESTABLECE QUE MEDIDA BASADA EN PROCLAMACIÓN 212(F) ES ILEGAL Y VIOLA LEY DE INMIGRACIÓN Y NACIONALIDAD
Maracaibo, 24 de abril de 2026.
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Un tribunal federal de apelaciones dictaminó este viernes que la prohibición de asilo en la frontera sur, emitida por el presidente Donald Trump al inicio de su segundo mandato, es ilegal. El fallo establece que el Ejecutivo no posee facultades para eludir de manera unilateral las leyes aprobadas por el Congreso, específicamente la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que garantiza el derecho de los extranjeros a solicitar protección.
La medida en cuestión, basada en la proclamación 212(f), permitía la deportación sumaria de solicitantes de asilo bajo el argumento de una "invasión" en la frontera. Sin embargo, el panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito sostuvo que denegar estas solicitudes "de un solo golpe" ignora los riesgos reales de persecución que enfrentan los individuos.
Según la opinión escrita del tribunal, el mandatario no puede anular las salvaguardas legales que permiten a las personas vulnerables acceder a una audiencia antes de ser obligadas a regresar a sus países de origen.
La decisión representa un triunfo para la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones como el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, quienes lideraron la demanda en representación de extranjeros afectados. Lee Gelernt, abogado de la ACLU, celebró el fallo señalando que pone fin a lo que calificó como una "política inhumana" de enviar a familias de vuelta a situaciones de peligro sin el debido proceso.
Por su parte, activistas por los derechos de los refugiados instaron al gobierno a retomar sus obligaciones internacionales de protección. Aunque la Casa Blanca ha presumido que las admisiones de asilo han sido prácticamente nulas desde enero de 2025, este fallo amenaza la piedra angular de su estrategia fronteriza.
No obstante, la orden no entrará en vigor de inmediato, ya que se espera que el equipo legal de Donald Trump presente una apelación, lo que podría llevar la disputa legal hasta la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, el gobierno continúa enfrentando una creciente presión judicial y social en un contexto marcado por tensiones internacionales y una caída en los índices de aprobación de la gestión presidencial.
